Una provincia no es un territorio: es un conjunto de servicios con un firmante. La propuesta de Joaquín de la Torre cambia el mapa. Este informe cuenta qué pasa con las firmas.
Lo que sigue es un martes cualquiera en la vida de una vecina de Florencio Varela. Dieciséis servicios, de las seis y media de la mañana a las siete y veinte de la tarde. Bajá despacio: cada cosa que toca se va a ir pintando con el color de quien la paga.
La propuesta no discute si esos servicios deben existir. Discute quién los administra. Y ahí empieza el problema práctico: separar el territorio es una ley; separar las funciones es un presupuesto, una planta de personal y tres mapas que no coinciden.
Cada cuadrado es el 1% del presupuesto provincial 2026 —$43,02 billones en total. Veinticinco de ellos se gastan en los 27 distritos que la propuesta quiere federalizar.
por mes, por cada uno de los 11.643.030 habitantes del Conurbano. Eso es lo que la Provincia pone hoy en educación, hospitales, transporte y transferencias municipales.
Ese número no es un ahorro: es una factura que cambia de titular. Al día siguiente de la separación alguien —la Nación, los distritos, o los dos con un convenio— tiene que pagar los mismos sueldos, los mismos hospitales y los mismos colectivos.
Y es un piso, no un techo. Quedan afuera la policía bonaerense ($3,28 billones), el Poder Judicial ($1,81 billones), el Instituto de Previsión Social y la obra pública.
Fuente: Presupuesto General de la Provincia de Buenos Aires 2026 (Ley 15.557), planillas consolidadas; padrón DGCyE 2026; mapa de hospitales del Ministerio de Salud PBA; compensaciones al transporte AMBA, enero de 2026; base propia de transferencias. Censo 2022.
Convertir a los 27 distritos en jurisdicción nacional abre cinco discusiones concretas. Tocá cada tarjeta para ver de qué se trata.
Ninguna de las cinco es una objeción de principio. Son las discusiones que hay que dar antes de que el proyecto entre a un recinto.
El renglón más grande de la factura también es el menos discutido. En los 27 distritos hay 6.096 escuelas estatales y 343.292 docentes, con un Estatuto que se negocia a escala provincial.
| Cód. | Concepto | Quién lo determina |
|---|---|---|
| 001 | Sueldo básico | |
| 015 | Antigüedad | |
| 101 | Aporte jubilatorio · 16% | |
| 110 | Obra social · 4,8% |
La pregunta no es sólo quién paga: es quién firma ese recibo, con qué convenio y bajo qué régimen previsional. Si cada distrito se vuelve empleador desde cero, veintisiete negociaciones paritarias reemplazan a una. Y el IPS —un sistema de reparto— pierde a los aportantes más jóvenes sin perder un solo jubilado.
Al costado hay un límite que conviene decir de frente: Ingresos Brutos no se puede atribuir a un partido. Con Convenio Multilateral, una empresa con sede en Vicente López y plantas en tres provincias distribuye su base imponible por coeficientes ajenos al municipio. La propuesta promete eliminar un impuesto cuya base nadie puede localizar en el mapa.
Los 27 distritos pertenecen a la Primera y la Tercera sección electoral. Juntas reúnen el 71% del padrón bonaerense y eligen 50 de las 138 bancas de la Legislatura: el 36%. Así quedaron las dos cámaras tras las elecciones de 2025.
Fuente: composición por bloque publicada tras la asunción del 10/12/2025; Junta Electoral de la PBA, padrones por sección 2025; Ley Electoral provincial. La apertura oficial de bancas por sección y por bloque no está publicada: el escenario reparte las salidas de forma proporcional y está señalado como ilustrativo. El agrupamiento “otros bloques” reúne los bloques menores y unipersonales que no se informan por separado.
La iniciativa trata a los 27 distritos como un bloque. No arrancan del mismo lugar: la plata provincial por habitante va de $528.183 a $1.345.429 según dónde vivas.
Una barra por distrito. El largo total es lo que la Provincia gasta ahí por cada habitante, en un año. Los colores dicen en qué: escuela, hospital, colectivo o transferencia al municipio.
Las seis barras sin banda dorada no son un detalle de diseño: son los seis distritos que no tienen ningún hospital provincial —Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, San Miguel, Hurlingham, San Isidro e Ituzaingó—. Son 1.681.144 personas que hoy se atienden cruzando el límite de su partido. Y donde sí hay hospitales, están repartidos de forma muy desigual: Avellaneda tiene 1,09 cada 100.000 habitantes; La Matanza y Quilmes, 0,16.
La pregunta municipal no es si pueden sostenerse. Es qué mecanismo evita que en cinco años Vicente López y José C. Paz tengan sistemas educativos y sanitarios distintos. Hoy ese mecanismo existe y se llama Provincia.
Fuente: cálculo propio sobre Presupuesto General PBA 2026, padrón DGCyE 2026, mapa de hospitales del Ministerio de Salud PBA, compensaciones AMBA enero 2026, base propia de transferencias y presupuestos municipales 2026, y Censo 2022.
La Provincia funciona con tres mapas superpuestos sobre el mismo territorio: el de los municipios, el de la Justicia y el electoral. La reforma dibuja su frontera sobre el primero. Miremos qué le pasa a los otros dos, con nombres y apellidos.
cubren los 27 distritos. Dos se partirían al medio: Merlo comparte tribunales con Marcos Paz y General Las Heras; Escobar depende de Zárate-Campana.
Civil y comercial, penal, laboral, familia, contencioso administrativo y responsabilidad penal juvenil.
cuesta el Poder Judicial bonaerense en 2026. El 92% es gasto en personal con estabilidad constitucional.
La reforma no separa un bloque: corta tres mapas por la mitad. No elimina el nivel intermedio — obliga a construir uno nuevo.
Hay tres destinos posibles para cada función. Elegí uno para cada una y mirá qué pasa.
El Estado nacional absorbe el servicio: lo financia y lo administra, como hoy hace con el tren o el agua de red.
Cada uno de los 27 municipios se hace cargo del servicio en su territorio, con sus propios recursos.
Un acuerdo entre los dos niveles que reparte costo y gestión por mitades, como las compensaciones al transporte del AMBA.
Empezamos con un día cualquiera y dieciséis servicios. Ocho los firma la Provincia. Esos ocho son el informe entero: son los $10,79 billones, son los 343.292 recibos de sueldo, son los diez departamentos judiciales y son las cincuenta bancas.
Una provincia no es un territorio. Es un conjunto de servicios con un firmante, una paritaria, una caja previsional y un mapa propio. El territorio se cambia con una ley. Los ocho cuadrados, no.
La propuesta de Joaquín de la Torre no inventa el problema: lo nombra. Una provincia con la población de quince provincias juntas, donde el Conurbano concentra el 66% de los habitantes y elige el 36% de las bancas. Esa desproporción es real y no se arregla sola. Lo que falta no es el diagnóstico: es decir quién firma.
Son las siete y cuarenta de un martes y una chica de doce años entra a una escuela en Florencio Varela. Su escuela, su hospital y su colectivo van a seguir existiendo. La pregunta es quién los firma, con qué reglas, y si el día después le va a resultar mejor o peor.
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